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En México, la regionalización de los Servicios de Salud se remonta a 1934, año en que se expidió la Ley de Coordinación de Servicios Sanitarios (DO 25 VIII 1934) mediante la cual se autorizó la celebración de convenios entre el Departamento de Salubridad Pública, los Gobiernos de los Estados y los Ayuntamientos, para la coordinación de prestación de servicios de salud. En ese año se establecieron los Distritos Sanitarios, con el fin de promover, desarrollar y coordinar las acciones de salud a nivel regional.
Después de casi dos décadas de experiencia, en 1952 se crean las Jurisdicciones Sanitarias, como organismos dependientes de los Distritos Sanitarios. Al desaparecer estos, las Jurisdicciones Sanitarias quedaron bajo la responsabilidad de los servicios coordinados de salud pública en los estados a partir de 1959.
Con el fin de promover su desarrollo, la Jurisdicción Sanitaria ha sido objeto de diversas
transformaciones orgánico-funcionales, para hacer de ella una estancia de carácter operativo, con la autonomía suficiente para tomar decisiones. Este objeto sólo se logró parcialmente, entre otras razones por falta de recursos e insuficiencia de metodologías y procedimientos apropiados, así como por su gran dependencia del nivel estatal.
No fue sino hasta finales de la década de los setentas, cuando propiamente se creó la primera Jurisdicción Sanitaria en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal (que conservaba la denominación del Distrito Sanitario) y se le dotó de personal propio y algunas facultades para el manejo programático y presupuestal. A partir de esa fecha, el desarrollo orgánico-funcional de las Jurisdicciones Sanitarias en el Territorio Nacional no ha sido homogéneo, entre otras razones por falta de instrumentos normativos que regulen su crecimiento.
Durante los cambios estructurales que dieron origen a la actual Secretaría de Salud federal (SSA) y en el contexto de la descentralización de los servicios que presta a la población abierta, en 1987 se realizó un diagnóstico situacional de las Jurisdicciones Sanitarias, el cual mostró una gran diversidad organizativa y funcional, así como escasez de lineamientos y procedimientos operativos.
En 1989 de acuerdo a la importancia que el Plan de Desarrollo le confiere al fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud (SILOS), como táctica operativa para avanzar en la descentralización y consolidar el Sistema Nacional de Salud, la secretaría del ramo decidió iniciar el proyecto estratégico de fortalecimiento de las Jurisdicciones Sanitarias, para promover su transformación hacia verdaderos (SILOS), mejorando su organización y estableciendo métodos de trabajo que la conviertan en un órgano técnico-administrativo con autonomía suficiente para tomar decisiones a nivel local.
En apoyo al proyecto se realizó, en septiembre de 1990, una consulta con las diferentes áreas de la Secretaría de Salud (SSA), en la que se definió la estructura orgánica de la Jurisdicción Sanitaria, y se definieron las bases para la programación y asignación de recursos que le permitan operar como órgano técnico-administrativo y ejercer el liderazgo del sector salud en su ámbito de competencia.
Una vez definida la Estructura Básica Jurisdiccional, en el mismo año se formuló una primera revisión del Manual de Organización y Funcionamiento, en la cual se describieron los objetivos y funciones de cada una de las áreas de acuerdo a los planteamientos rectores del proyecto estratégico de fortalecimiento de las Jurisdicciones Sanitarias.
Desde entonces a la fecha se lleva a cabo un proceso reordenador del diario accionar jurisdiccional, enfocado fundamentalmente a fortalecer y desarrollar las actividades de carácter técnicoadministrativo que permitan la eficaz operación de los programas sustantivos en su ámbito de competencia.
La conformación de la Jurisdicción Sanitaria esta determinada por la regionalización, es decir, por la conformación de áreas geodemográficas delimitadas con características étnicas, culturales, económicas, políticas, sociales, ambientales y de desarrollo comunes, con el fin de planificar la prestación de los servicios, hacer uso óptimo de los recursos y poder responder a las necesidades de atención a la salud particulares de la región.
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